domingo, 4 de diciembre de 2011

CONTENIDO REAL DEL PLAN DE TUXTEPEC

PLAN DE TUXTEPEC
Considerando:

Que la República Mexicana está regida por un gobierno que ha hecho del abuso un sistema político, despreciando y violando la moral y las leyes, viciando á la sociedad, despreciando á las instituciones, y haciendo imposible el remedio de tantos males por la vía pacífica; que el sufragio público se ha convertido en una farsa, pues el presidente y sus amigos por todos los medios reprobados hacen llegar á los puestos públicos á los que llaman sus "Candidatos Oficiales", rechazando á todo ciudadano independiente; que de este modo y gobernando hasta sin ministros se hace la burla más cruel á la democracia que se funda en la independencia de los poderes; que la soberanía de los Estados es vulnerada repetidas veces; que el Presidente y sus favoritos destituyen á su arbitrio á los Gobernadores, entregando los Estados á sus amigos, como sucedió en Coahuila, Oaxaca, Yucatán y Nuevo León, habiéndose intentado hacer lo mismo con Jalisco; que á este Estado se le segregó para debilitarlo, el importante cantón de Tepic, el cual se ha gobernando militarmente hasta la fecha, con agravio del pacto federal y del derecho de Gentes; que sin consideración á los fueros de la humanidad se retiró á los Estados fronterizos la mezquina subvención que les servía para defensa de los indios bárbaros; que el tesoro público se dilapida en gastos de placer, sin que el Gobierno haya llegado á presentar al Congreso de la Unión la cuenta de los fondos que maneja.

Que la administración de justicia se encuentra en la mayor prostitución, pues se constituye á los Jueces de Distrito en agentes del centro para oprimir á los Estados; que el poder municipal ha desaparecido completamente pues los Ayuntamientos son simples dependientes del Gobierno para hacer las elecciones; que los protegidos del Presidente perciben tres y hasta cuatro sueldos por los empleos que sirven con agravio de la moral pública; que el despotismo del poder Ejecutivo se ha rodeado de presidiarios y asesinos que provocan, hieren y matan á los ciudadanos ameritados; que la instrucción pública se encuentra abandonada; que los fondos de ésto paran en manos de los favoritos del Presidente; que la erección del Senado, obra de Lerdo de Tejada y sus favoritos, para centralizar la acción legislativa, importa el veto á todas las leyes, obra también de la misma funesta administración, no ha servido sino para extorcionar á los pueblos; que el país ha sido entregado á la Compañía Inglesa con la concesión del Ferrocarril de Veracruz y el escandaloso convenio de las tarifas, que los excesivos fletes que se cobran han estancado al comercio y á la agricultura; que con el monopolio de esta línea se ha impedido que se establezcan otras produciéndose el desequilibrio del comercio en el interior, el aniquilamiento de todos los demás puertos de la República y la más espantosa miseria en todas partes; que el Gobierno ha otorgado á la misma Compañia con pretexto del Ferrocarril de León, el privilegio para celebrar loterías, infringiendo la Constitución; que el Presidente y sus favorecidos han pactado el reconocimiento de la enorme deuda Inglesa, mediante dos millones de pesos que se reparten por sus agencias; que ese reconocimiento, además de inmoral es injusto, porque á México nada se indemniza por perjuicios causasdos en la intervención.

Que parte de esa infamia, se tiene acordada la de vender tal deuda á los Estados Unidos, lo cual equivale á vender el país á la nación vecina; que no merecemos el nombre de ciudadanos mexicanos, ni siquiera el de hombres los que sigamos consistiendo el que estén al frente de la administración los que así roban nuestro porvenir y nos venden en el extranjero; que el mismo Lerdo de Tejada destruyó toda esperanza de buscar el remedio á tantos males en la paz, creando facultades extraoridinarias y suspensión de garantías para hacer de las elecciones una farsa criminal.

En nombre de la sociedad ultrajada y del pueblo mexicano vilependiado, levantamos el estandarte de la guerra contra nuestros comunes opresores, proclamando el siguiente plan:

Art. 1º. Son leyes supremas de la Repíblica, la constitución de 1857, la acta de reformas promulgada el 25 de Septiembre de 1873, y la ley de 1874.
Art. 2º. Tendrán el mismo caracter de ley suprema la No-Reelección del Presidente de la República y Gobernadores de los Estados, mientras se consigue elevar este principio al rango de reforma constitucional, por los medios legales establecidos por la Constitución.
Art. 3º. Se desconoce á D. Sebastián Lerdo de Tejada como Presidente de la República y á todos los funcionarios y empleados por él, así como los nombrados en las elecciones de Julio del año de 1875.
Art. 4º. Serán reconocidos todos los gobernadores de los Estados que se adhieran al presente plan. En donde esto no suceda se reconocerá interinamente como gobernador al que nombre el jefe de armas.
Art. 5º. Se harán elecciones para Supremos Poderes de la Unión á los dos meses de ocupada la capita de la República, en los términos que disponga la convocatoria que expedirá el Jefe del Ejecutivo, un mes después del día en que tenga lugar la ocupación con arreglo á las leyes electoales de 12 de Febrero de 1857 y 23 de Diciembre de 1872.
Al mes de verificadas las elecciones secundarias se reunirá el Congreso , y se ocupará inmediatamente de llenar las prescripciones del art. 51 de la primera de dichas leyes, á fin de que desde luego entre al ejercicio de su encargo el Presidente constitucional de la República y se instale la Corte Suprema de Justicia.
Art. 6º. El Poder Ejecutivo, sin más atribuciones que las meramente administrativas, se depositará mientras se hacen las elecciones, en el Presidente de la Suprema Corte de Justicia actual, ó en el magistrado que desempeñe sus funciones, siempre que uno ú otro en su caso, acepte en todas sus partes el presente plan, y haga conocer su aceptación por medio de la prensa, dentro de un mes, contando desde el día en que el mismo plan se publique en los perdiódicos de la capital. El silencio ó negativa del funcionario que rija la Suprema Corte investirá al Jefe de las armas con el carácter de Jefe del Ejecutivo.
Art. 7º. Reunido el octavo congreso constitucional, sus primeros trabajos serán la reforma constitucional de que habla el art. 2º, la que garantiza la independencia de los municipios y la ley que dé la organización política del Distrito Federal y Territorio de la Baja California.
Art. 8º. Los generales, jefes y oficiales que con oportunidad secunden el presente plan, serán reconocidos en sus empleos, grados y condecoraciones.


Campo en Palo Blanco, Marzo 21 de 1876.

PLAN DE TUXTEPEC

El Plan de Tuxtepec fue proclamado el 10 de enero de 1876 en la Villa de Ojitlán municipio de San Lucas Ojitlán, distrito de Tuxtepec, Oaxaca con el propósito de derrocar al Presidente de México Sebastián Lerdo de Tejada .
Fue firmado por un grupo de militares encabezados por el coronel Hermenegildo Sarmiento y redactada por los porfiristas Vicente Riva Palacio, Ireneo Paz y Protasio Tagle, instigados por el general Porfirio Díaz debido a que éste había perdido las elecciones en contra de Benito Juárez y posteriormente contra Sebastián Lerdo de Tejada (Juárez había muerto en 1872, en ese entonces se encontraba Porfirio Díaz levantado también pero con el Plan de la Noria). Al ascender al poder Lerdo de Tejada. Porfirio Díaz no lo reconoció como presidente.
Díaz había firmado la versión precedente del plan en diciembre de 1875 la cual no incluía tres artículos que se hizo necesario agregar siendo el más importante de ellos el nombramiento de Díaz como jefe de la insurrección.
En dicho Plan se desconocía a Lerdo como Presidente, aunque reconociendo la Constitución y la Leyes de Reforma y se proclamaba jefe del movimiento al general Porfirio Díaz.
El Plan fue secundado en Ixtlán, Oaxaca por el general Fidencio Hernández, quien con 2000 indígenas serranos se apoderó de la ciudad de Oaxaca.
Mientras tanto, el 21 de febrero de 1876, los Generales Juan N. Méndez, Juan Crisóstomo Bonilla, Juan Francisco Lucas y Ramón Márquez Galindo se proclamaron en favor del citado plan en la Villa de Tetela de Ocampo. Por lo que el General Porfirio Díaz nombró al General Juan N. Méndez, General en Jefe de la Línea Política y Militar de Oriente y General en Jefe del Cuerpo de Ejército Expedicionario de Oriente, quién inmediatamente estableció el Cuartel General en la Villa de Tetela de Ocampo, posteriormente y de forma alternada, debido a múltiples factores estratégicos, el General Méndez estableció el cuartel general en la Hacienda de Taxcantla (Tetela de Ocampo) y en la población de Xochiapulco.
El General Juan Crisóstomo Bonilla fue nombrado entonces General 2o en Jefe de la Línea Política y Militar de Oriente y General Cuartel Maestre del Cuerpo de Ejército Expedicionario de Oriente. (La Línea Política y Militar de Oriente, abarcó lo que actualmente son los estados de Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Hidalgo, Morelos, Estado de México y partes de los estados de Tabasco, Oaxaca, Guerrero, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas)
Y no obstante que las fuerzas federales obtuvieron algunos triunfos sobre los rebeldes, la opinión era desfavorable al gobierno y la revolución tomó incremento.
El general Porfirio Díaz se había establecido en Brownsville, donde preparaba un levantamiento ayudado por el general Manuel González. A mediados de marzo (21) de 1876 cruzó la frontera y publicó un manifiesto revolucionario en Palo Blanco (Tamaulipas) reformando el Plan de Tuxtepec. En él se admitían como leyes supremas la Constitución de 1857 y las Leyes de Reforma; pero se suprimía al Senado, se proclamaba el principio de "No relección" y se desconocía al gobierno de Lerdo.
El Plan de Tuxtepec, debidamente redactado incluía los siguientes conceptos:
"El gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada se ha convertido en una farsa... la soberanía de los Estados es vulnerada repetidas veces... el tesoro público es dilapidado en gastos de placer... la administración de justicia se encuentra en la mayor prostitución... el poder municipal ha desaparecido completamente... y la educación pública se encuentra abandonada."
Los autores del texto acusaban al presidente Lerdo de haberse rodeado de presidiarios y asesinos y lo criticaban por haber segregado al cantón de Tepic, del estado de Jalisco, por retirar a los estados fronterizos la "subvención que les servía para defensa de los indios bárbaros", por entregar el país a los ingleses con la concesión del Ferrocarril de Veracruz y el escandaloso convenio de las tarifas y por pactar el reconocimiento de la enorme deuda inglesa.
PORFIRIO DÍAZ, 1876

Otros jefes militares secundarían el movimiento en Jalisco el 8 de febrero de 1876. En los municipios de Lagos, Teocaltiche, Jalostotitlán y San Miguel el Alto estuvieron en favor del Plan de Tuxtepec y con los generales Donato Guerra y Rosendo Márquez; este último, en esta fecha, atacó la guarnición de San Juan de los Lagos, la cual se rindió sin mayores trámites. El general Pedro A. Galván y Florentino Cuervo, toman la ciudad de Ameca. El Coronel Félix Vélez Galván se levantó en armas en Sayula el 12 del mismo mes.
Para el 5 de febrero de 1877 Porfirio Díaz salió de Guadalajara, ya vencedor del Plan de Tuxtepec. Dejó al mando de una brigada al general Rosendo Márquez, originario de Jalostotitlán, quien dominó los Altos de Jalisco en relampagueante campaña en favor del mencionado plan. Díaz envió otra brigada hacia Tepic, comandada por Francisco Tolentino. Este plan fue legal.

CONTENIDO REAL DEL PLAN DE LA NORIA

PLAN DE LA NORIA
Al Pueblo Mexicano:

La reelección indefinida, forzosa y violenta, del Ejecutivo Federal, ha puesto en peligro las instituciones nacionales.

En el Congreso una mayoría regimentada por medios reprobados y vergonzosos, ha hecho ineficaces los nobles esfuerzos de los diputados independientes y convertido á la Representación Nacional en una cámara cortesana, obsequiosa y resuelta á seguir siempre los impulsos del Ejecutivo.

En la Suprema Corte de Justicia, la minoría independiente que había salvado algunas veces los principios constitucionales de este cataclismo de perversión é inmoralidad, es hoy impotente por falta de dos de sus más dignos representates, el ingreso de otro llevado allí por la protección del Ejecutivo. Ninguna garantía ha tenido desde entonces el amparo; los Jueces y Magistrados pundonorosos de los Tribunales Electorales son sustituidos por agentes sumisos del Gobierno, los intereses más caros del pueblo y los principios de mayor trascendencia quedan á la merced de los perros guardianes.

Varios Estados se hallan privados de sus autoridades legítimas y sometidos á gobiernos impopulares y tiránicos, impuestos por la acción directa del Ejecutivo y sostenidos por las fuerzas federales. Su soberanía, sus leyes y la voluntad de los pueblos han sido sacrifcadas al ciego encaprichamiento del poder personal.

El Ejecutivo, gloriosa personificación de los principios conquistados desde la revolución de Ayutla hasta la rendición de México en 1867, que debiera ser atendido y respetado por el gobierno para conservarle la gratitud de los pueblos, ha sido abajado y envilecido, obligándolo á servir de instrumento de odiosas violencias contra la libertad del sufragio popular, y haciendole olvidar las leyes y los usos de la civilización cristriana en México, Atexcatl, Tampico, Barranca del Diablo, la Ciudadela y tantas otras matanzas que nos hacen retroceder á la barbarie.

Las rentas federales, pingües, saneadas como no lo habían sido en ninguna otra época, toda vez que el pueblo sufre los gravámenes decretados durante la guerra, y que no se pagan la deuda nacional ni la extranjera, son más que suficientes para todos los servicios públicos, y deberían haber bastado para el pago de las obligaciones contraídas en la última guerra, así como para fundar el crédito de la Nación, cubriendo el rédito de la deuda interior y exterior legítimamente reconocida. A esta hora, reducidas las erogaiones y sistemada la administración rentística, fácil sería dar cumplimiento al precepto constitucional, lbrando al comercio de las trabas y dificultades que sufre con los vejatorios impuestos de alcabalas, y al erario de un personal oneroso.

Pero lejos de esto, la ineptitud de unos, el favoritismo de otros y la corrupción de todos, ha cegado esas ricas fuentes de la pública prosperidad: los impuestos se reagravan, las rentas se dispendian, la Nación pierde todo crédito y los favoritos del poder monopolizan sus eslpendidos gajes. Hace cuatro años que su procacidad pone á prueba nuestro amor á la paz, nuestra sincera adhesión á las instituciones. Los males públicos exacerbados produjeron los movimientos revolucionarios de Tamaulipas, San Luis, Zacatecas y otros Estados; pero la mayoría del gran partido liberal no concedió sus simpatías á los impacientes, y sin tenerla por la política de presión y arbitrariedad del gobierno, quiso esperar con el término del periódo legal democrática de los poderes que se prometía obtener en las pasadas elecciones.

Ante esta fundada esperanza que, por desgracia, ha sido ilusoria, todas las impaciencias se moderaron, todas las aspiraciones fueron aplazadas y nadie pensó más que en olvidar agravios y resentimientos, en estañar las heridas de lsa anteriores disidencias y en reanudar los lazos de unión entre todos los mexicanos. Sólo el gobierno y sus agentes, desde lsa regiones del Ejecutivo, en el recinto del Congreso, en la prensa mercenaria, y todos los medios, se opusieron tenaz y caprichosamente á la amnistía que, á su pesar, llegó á decretarse por el concurso que supo aprovechar la inteligencia y patriótica oposición parlamentaria del 5º Congreso Constitucional. Esa ley que convocaba á todos los mexicanos á tomar parte en la lucha electoral bajo el amparo de la Constitución, debió ser el principio de una época de positiva fraternidad, y cualquiera situación creada realmente en el terreno del sufragio libre de los pueblos, contaría hoy con el apoyo de vencedores y vencidos.

Los partidos, que nunca entienden las cosas en el mismo sentido, entran en la liza electoral llenos de fe en el triunfo de sus ideas é intereses, y vencidos en buena lid, conservan la legítima esperanza de contrastar más tarde la obra de su derrota, reclamando las mismas garantías de que gozaban sus adversarios; pero cuando la violencia se arroga los fueros de la libertad, cuando el soborno sustituye á la honradez republicana, y cuando la falsicifiación usurpa el lugar que corresponde á la verdad, la desigualdad de la lucha, lejos de crear ningún derecho, encona las ánimos y obliga á los vencidos por tan malas arterías, á rechazar el resultado como ilegal y tentatorio.

La revolución de Ayutla, los principios de la Reforma y la conquista de la independencia y de las instituciones nacionales, se perderían para siempre si los destinos de la República hubieran de quedar á merced de una oligarquía tan inhábil como absorbente y antipatriótica; la reelección indefinida es un mal de menos trascendencia por perpetuidad de un ciudadano en el ejercicio del poder, que por la conservación de las prácticas abusivas, de las confabulaciones ruinosas y por la exlusión de otras inteligencias é intereses, que son las consecuencias necesarias de a inmutabilidad de los empleados de la administración pública.

Pero los secretarios de a reelección indefinida prefieren sus aprovechamientos personales á la Constitución, á los principios y á la República misma. Ellos convirtieron esa suprema apelación al pueblo en una farsa inmoral, corruptora, conmengua de la magestad nacional que se atreven á invocar.

Han relajado todos los resortes de la administración, buscando cómplices en lugar de funcionarios pundonorosos.

Han derrochado los caudales del pueblo para pagar á los falsificadoes del sufragio.

Han calculado la inviolabilidad de la vida humana, convirtiendo en práctica cotidiana asesinatos horrorosos, hasta el grado de ser proverbial la funesta frase de "Ley fuga".

Han empleado las manos de sus valientes defensores en la sangre de los vencidos, obligándolos á cambiar las armas del soldado por el hacha del verdugo.

Han escarnecido los más altos principios de la democracia; han lastimado los más íntimos sentimientos de la humanidad, y se han befado de los más caros y trascendentales preceptos de la moral.

Reducido el número de diputados independientes por haberse negado ilegalmente toda representación á muchos distritos, y aumentando arbitrariamente el de los reeleccionistas, con ciudadanos sin misión legal, todavía se abstuvieron de votar cincuenta y siete representantes en la elección de Presidente, y los pueblos la rechazan como ilegal y antidemocrática.

Requerido en estas circustancias, instado y exigido por numerosos y acreditados patriotas de todos los Estados, lo mismo de ambas fronteras que del interior y de ambitos litorales, ¿qué debo hacer?

Durante la revolución de Ayutla salí del colegio á tomar las armas por odio al despotismo: en la guerra de Reforma combatí por los principios, y en la lucha contra la invasión extranjera, sostuve la independencia nacional hasta restablecer al gobierno en la capital de la República.

En el curso de mi vida política he dado suficientes pruebas de que no aspiro al poder, á cargo, ni empleo de ninguna causa; pero he contraido también graves compomisos para con el país por su libertad é independencia, para con mis compañeros de armas, con cuya cooperación he dado cima á difíciles empresas, y para conmigo mismo, de no ser indiferente á los males públicos.

Al llamado del deber, mi vida es un tributo que jamás he negado á la patria en peligro; mi pobre patrimonio, debido á la gratitud de mis conciudadanos, medianamente mejorado con mi trabajo personal, cuanto valgo por mis escasas dotes, todo lo consagro desde este momento á la causa del pueblo. Si el triunfo corona nuestros esfuerzos, volveré á la quietud del hogar doméstico, prefieriendo en todo caso la vida frugal y pacífica del obscuro labrador á las ostentaciones del poder. Si por el contrario nuestros adversarios son más felices, habré cumplido mi último deber con la República.

Combatiremos, pues, por la causa del pueblo, y el pueblo será el único dueño de su victoria. "Constitución de 57 y libertad electoral" sera nuestra bandera; "menos gobierno y mas libertades", nuestro programa.

Una convención de tres representantes por cada Estado, elegidos popularmente, dará el programa de a reconstrucción constitucional y nombrará un Presidente Constitucional de la República, que por ningún motivo podrá ser el actual depositario de la guerra. Los delegados, que serán patriotas de acrisolada honradez, llevarán al seno de la convención, las ideas y aspiraciones de sus respectivos Estados, y sabrán formular con libertad y sostener con entereza las exigencias verdaderamente nacionales. Solo permitiré hacer eco á las que se me han señalado como más ingentes; pero sin pretensión de acierto ni ánimo de imponerlas como una resolución preconcebida, y protestando desde ahora que aceptaré sin resistencia ni reserva alguna, los acuerdos de la convención.

Que la elección de Presidente sea directa, personal, y que no pueda ser elegido ningún ciudadano que en el año anterior haya ejercido por un solo día autoridad ó encargo cuyas funciones se extiendan á todo el territorio nacional.

Que el Congreso de la Unión sólo pueda ejercer funciones electorales en los asuntos puramente económicos, y en ningún caso para la designación de altos funcionarios públicos.

Que el nombramiento de los Secretarios del despacho y de cualquier empleado ó funcionario que disfrute por sueldos ó emolumentos más de tres mil pesos anuales, se someta á la aprobación de la Cámara.

Que la Unión garantice á los Ayuntamientos derechos y recursos propios, como elementos indispensables para su libertad é independencia.


Que se garantice á todos los habitantes de la República el juicio por jurados populares que declaren y califiquen la culpabilidad de los acusados; de manera que á los funcionarios judiciales sólo se les conceda la facultad de aplicar la pena que designen las leyes preexistentes.

Que se prohiban los odiosos impuestos de alcabala y se reforme la ordenanza de aduanas marítimas y fronterizas, conforme á los preceptos constitucionales y á las diversas necesidades de nuestras costas y fronteras.

La convención tomará en cuenta estos asuntos y promoverá todo lo que conduzca al restablecimiento de los principios, al arraigo de las instituciones y al común bienestar de los habitantes de la República.

No convoco ambiciones bastardas ni quiero avivar los profundos rencores sembrados por las demasías de la administración. La insurrección nacional que ha de devolver su IMPERIO á las leyes y á la moral ultrajadas, tiene que inspirarse de nobles y patrióticos sentimientos de dignidad y justicia.

Los amantes de la Constitución y de la libertad electoral son bastante fuertes y numerosos en el país de Herrera, Gómez Farías y Ocampo, para aceptar la lucha contra los usurpadores del sufragio popular.

Que los patriotas, los sinceros constitucionalistas, los hombres del deber, presten su concurso á la causa de la libertad electoral, y el país salvará sus más caros intereses. Que los mandatarios públicos, reconociendo que sus poderes son limitados, devuelvan honradamente al pueblo elector el depósito de su confianza en los periódos legales, y la observancia estricta de la Constitución será verdadera garantía de paz. Que ningún ciudadano se imponga y perpetúe en el ejercicio del poder, y esta será la última revolución.
"La Noria", Noviembre de 1871.
PORFIRIO DÍAZ

sábado, 3 de diciembre de 2011

PLAN DE LA NORIA

La Revolución de La Noria fue un movimiento político-militar dirigido por el Gral. Porfirio Díaz en 1871 para impedir que Benito Juárez contendiera para una nueva reelección, lo que en opinión del joven general Díaz violaba letra y el espíritu de la Constitución de 1857. El Plan fue lanzado el 8 de noviembre de 1871. 
Díaz acuñó como parte de este plan la frase "Sufragio efectivo, no reelección", más tarde tiene problemas con Sebastián Lerdo de Tejada pues él deseaba el poder. Lerdo gana, pues la Constitución establecía su derecho a la presidencia como Ministro de Relaciones Exteriores. Finalizado el conflicto, Porfirio Díaz se fue a vivir a su hacienda de Tlacotalpan, en Veracruz.
REVOLUCIÓN                                                                                                                                                                                                                       
Luego del Motín de Perote de 1868, el Levantamiento en Puebla de 1868, la Rebelión en Yucatán de 1868, el Levantamiento en Sinaloa de 1868, la Revolución Antijuarista (1869-1870), el Levantamiento en Tamaulipas de 1871, el Intento de Golpe de Estado en México de 1871 y el nuevo periodo presidencial de Benito Juárez, la población en general previó que una nueva guerra civil estallaría pronto.
Así aconteció que el general Trinidad García de la Cadena se pronunció en Zacatecas desconociendo a Benito Juárez. El general Donato Guerra, que poco antes había combatido a los sublevados del Intento de Golpe de Estado en México de 1871, se alzó en armas; el general Jerónimo Treviño, reelecto en Nuevo León, renunció al gobierno y se pronunció en Monterrey. Ya en Sinaloa, el general Francisco Cañedo y el general Eulogio Parra se habían pronunciado antes. Por fin, el general Porfirio Díaz, a quien los rebeldes aclamaban como caudillo de la revolución se pronunció en su hacienda de la Noria, cerca de Oaxaca, lanzando el plan del mismo nombre, que proponía la suspensión del orden constitucional y convocaba una junta de notables para reorganizar el país. 
Los pronunciamientos emergieron y las guerrillas pululaban en varios Estados. En política, el partido lerdista ayudaba en el Congreso y en la Prensa las propuestas rebeldes, quedando Juárez reducido a su ministerio y a pocos Estados dentro del país. No obstante, Juárez se resolvió a resistir, dictando órdenes a su ministro de Guerra, el general Ignacio Mejía, a desplegar sus fuerzas para reprimir a los sublevados, ordenando frecuentes ejecuciones a fin de sembrar el terror en los revolucionarios.
Para tal motivo, se organizaron dos divisiones de tropas federales, una a las órdenes del general Sóstenes Rocha y otra a las del general Ignacio Alatorre, mismas que fueron enviadas a atacar Oaxaca. Alatorre, que se preparaba a atacar la plaza de Oaxaca luego de la Batalla de San Mateo, en que derrotó a las fuerzas sublevadas que mandaba el general Luis Mier y Terán, tomó la plaza sin mayor inconveniente pues fue abandonada por el gobernador Felipe Díaz Mori, hermano del general, que se retiró a Tehuantepec, donde fue muerto.
Mientras esto ocurría, la división del general Sóstenes Rocha, luego de perseguir la columna de caballería del general Porfirio Díaz, se internó en el centro de la República hasta cerca de la capital, dirigiéndose a Zacatecas, donde, durante la Batalla del Cerro de la Bufa, obtuvo la victoria sobre las fuerzas rebeldes de los generales Donato Guerra, Jerónimo Treviño y Trinidad García de la Cadena, ocupando después a Durango.
Mientras esto sucedía, el general Diódoro Corella derrotó al coronel Francisco Narváez, pronunciado de San Luis, el general Ignacio Pesqueira derrotó al general Francisco Cañedo y al general Eulogio Parra, tomando Culiacán y Trinidad García de la Cadena ocupaba de nueva cuenta Zacatecas, hasta que poco después fue derrotado por el coronel Jacinto Ordóñez. Por si no fuera poco, a fines del mes de abril, el Estado de Yucatán se adhirió al movimiento, mismo que fue reprimido por el general Vicente Mariscal. En el Estado de Guerrero, el general Vicente Jiménez, pronunciado a favor del Plan de la Noria, se hizo fuerte en las montañas, derrotando a las fuerzas federales y haciendo prisionero al general Ibarra. Jiménez resistió mucho tiempo a pesar de la gran cantidad de columnas que se enviaron para batirlo.
Ya repuestos de su derrota en la Bufa, Donato Guerra y Jerónimo Treviño, se hicieron de Monterrey y derrotaron en junio al general Diódoro Corella, sin embargo, meses más tarde el general Ignacio Revueltas recuperó la plaza, obligándolos a huir a Coahuila. Rocha, con toda su división, tomó Mazatlán luego de haberse retirado el general Manuel Márquez de León, sublevado también, que acababa de obtener un triunfo sobre Ignacio Pesqueira. A pesar de esto, a la salida de Rocha, el general Doroteo López volvió a ocupar Mazatlán a favor de los rebeldes hasta la llegada del general José Cevallos Cepeda, enviado por el Gobierno, deponiendo las armas y acogiéndose a la amnistía promulgada.
DÍAZ, LERDO Y JUÁREZ
DESENLACE                                                                                                                 A mediados del año de 1872, el malestar público y la campaña habían durado ya cerca de un año sin un éxito concreto. Es entonces que el Presidente Juárez murió repentinamente la madrugada del 19 de julio de 1872 de una enfermedad del corazón, decretándose un alto al fuego por parte de los combatientes pues existió luto en toda la nación. La presidencia fue asumida por Sebastián Lerdo de Tejada, como presidente de la Suprema Corte, deponiendo las armas los rebeldes pues su lucha no tenía ya motivo ni fundamento, y tan pronto como supieron que el Poder había sido depositado, acorde a la ley, en manos del presidente de la Corte, y que éste, había expedido una amnistía, se acogieron a ella.
La ley de amnistía se concedió con limitaciones que desagradaron a los porfiristas, pues los comparaba a traidores, no regresándoles sus empleos y honores. A pesar de eso, el general Díaz, salió de Tepic, en donde se hallaba cuando la muerte de Juárez intentando se le uniese el general Manuel Lozada a su lucha, y se dirigió a la capital, donde se sometió al gobierno y retiró a la vida privada.